Miles de empleados se encuentran en una situación de incertidumbre económica debido al cierre del Gobierno federal de EE.UU., mientras que otros continúan recibiendo sus salarios sin interrupciones.
En momentos de transición política y financiera, el cierre temporal de las agencias federales plantea un desafío significativo para numerosos empleados públicos. Aunque algunos recibirán su pago en tiempo y forma, otros se encontrarán en una situación más compleja. A continuación, exploraremos quiénes están autorizados a cobrar y quiénes no durante este tipo de contingencias, aportando claridad sobre un tema que afecta tanto a las familias como a la economía en general.
¿Quiénes siguen cobrando durante el cierre?
Los empleados catalogados como “esenciales” o “exentos” mantienen sus actividades laborales durante una interrupción de las operaciones del Gobierno federal y, consecuentemente, continúan percibiendo sus salarios. Estos individuos desempeñan funciones en sectores vitales como la seguridad nacional, la salud pública, la prevención de catástrofes, la administración de fronteras y otras tareas que no pueden detenerse sin poner en peligro a la comunidad. Por ejemplo, en este grupo se incluyen agentes de la patrulla fronteriza, personal de hospitales militares y especialistas en vigilancia de pandemias. Su trabajo es considerado imprescindible y se les requiere asistir a sus puestos incluso si no se ha aprobado el presupuesto para su entidad.
Asimismo, los contratistas federales que ofrecen servicios fundamentales podrían figurar entre aquellos que continúan recibiendo su remuneración, siempre y cuando su labor esté contemplada en el contrato bajo cláusulas de emergencia o de continuidad de las operaciones. En tales situaciones, se asegura el abono instantáneo, sin necesidad de aguardar la restauración del presupuesto.
¿Qué sucede con los empleados “no esenciales”?
A diferencia de los considerados esenciales, los trabajadores federales que desempeñan funciones no críticas, denominados “no esenciales” o “no exentos”, pueden ser suspendidos temporalmente (furloughed) durante un cierre. En esa condición, su salario se detiene hasta que se restablezca el financiamiento de su agencia. Por ejemplo, empleados de oficinas administrativas que no tienen contacto directo con emergencias o servicios vitales suelen quedar en esta situación.
Mientras se encuentran en un estado de suspensión, estos empleados no llevan a cabo sus funciones laborales, si bien en muchos casos siguen siendo considerados «empleados» desde una perspectiva legal. No perciben remuneración por las horas no trabajadas, y la reactivación de su sueldo está condicionada a que el Congreso apruebe nuevamente los fondos. En ocasiones se han dado autorizaciones salariales con carácter retroactivo, pero esto no es una garantía ni ocurre de forma automática.
¿Qué sucede con los contratistas que no son esenciales?
Aquellos contratistas que no proveen servicios fundamentales se encuentran en una posición de mayor riesgo. En caso de que la entidad federal para la cual laboran carezca de fondos, su acuerdo contractual podría suspenderse. A pesar de la existencia de procedimientos que posibilitan a algunos obtener un pago retroactivo una vez que se reanude la financiación, la percepción de un cobro inmediato no está garantizada. Consecuentemente, su panorama es más incierto en comparación con el de los trabajadores federales directos catalogados como “esenciales”.
Impactos económicos y personales del cierre
Un cierre gubernamental no solo paraliza las actividades de algunas dependencias, sino que además provoca efectos directos en las familias de los empleados, en las localidades que reciben los servicios y en la economía del país. Los trabajadores que mantienen su remuneración sin interrupciones disfrutan de estabilidad económica. No obstante, para quienes se encuentran suspendidos, la ausencia de ingresos puede ocasionar dificultades para afrontar hipotecas, cuotas de vehículos, gastos educativos o de salud.
Las compañías que se sustentan en la inversión gubernamental —como en regiones donde el Estado es un empleador principal— experimentan dificultades cuando el poder de compra de los empleados afectados se reduce significativamente. Esta situación puede desencadenar una serie de consecuencias: una disminución del consumo, menor movimiento comercial, demoras en iniciativas fundamentales y una repercusión económica general que podría intensificarse si la interrupción se extiende.
Consideraciones adicionales y como prepararse
Ante la posibilidad de un cierre, empleados, contratistas y familias pueden anticipar ciertos pasos para mitigar su impacto. Mantener un fondo de emergencia con al menos tres a seis meses de gastos puede marcar la diferencia. Revisar los contratos de servicio para saber si el trabajo está clasificado como esencial puede aportar claridad sobre la continuidad del pago. Asimismo, estar atento a las decisiones del Congreso y del Ejecutivo sobre financiación es clave para evaluar las posibilidades de una reanudación rápida del pago o de un alivio retroactivo.
